La alarma social ante los abusos de la informática indica la urgencia de regulación de las actividades informáticas

Juan Pablo Peñarrubia. Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunidad Valenciana COIICV.- Es una realidad incuestionable que la informática es esencial tanto para mejorar la situación actual, como para nuestra competitividad y sostenibilidad como economía y como sociedad en el futuro.

 


Un tren que no debemos perder 

La informática es el sector de las empresas y las fortunas más grandes del mundo. Es el sector con mayor producción de innovaciones y patentes. Es el sector con menor nivel de desempleo y mayor potencial de creación de empleo de alta calidad. Es el sector con mayor potencial de crecimiento como sector y a la vez con mayor contribución colateral al incremento de productividad del resto de sectores productivos. (La Comisión Europea ha estimado que el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones es directamente responsable del 5% del PIB europeo, y adicionalmente que las TICs contribuyen un 20% al crecimiento de la productividad general de la economía. Previendo además que en 2020 se necesitarán en Europa unos 700.000 profesionales del sector TIC que el tejido educativo europeo no habrá tenido capacidad de formar, es decir habrán de “importarse”.)

España tiene hoy en la tecnología informática “un tren” a la competitividad y al crecimiento que puede coger en igualdad de condiciones (y en algunos aspectos en superioridad de condiciones) respecto a los principales países desarrollados tanto a nivel europeo como mundial.

Pero a pesar de este consenso general no se están tomando las medidas necesarias para aprovechar la oportunidad que la informática está ofreciendo a la Comunidad Valenciana y a España.

La falta de regulación de la informática está causando continuos casos de delincuencia y vulneración de derechos fundamentales, generando una creciente alarma social cuya solución debería convertirse en una prioridad. No solo por el sentimiento de inseguridad de los ciudadanos y empresarios, sino por la realidad de la indefensión jurídica ante manifiestos abusos y malas prácticas, que además de causar perjuicios objetivos y vulneraciones de derechos fundamentales no pueden ser evitadas actualmente debido a la inexistente regulación normativa de la actividades informática en España.

La regulación: urgente pero pendiente

No hay que confundir liberalización con no regulación. La falta de controles y regulación en las actividades informática en esta sociedad que hemos dado en denominar “sociedad de la información y el conocimiento” genera importantes amenazas:

- Abandona a los ciudadanos y a las empresas a la inseguridad creciente y a la indefensión absoluta, especialmente a los menores.

- En una irresponsabilidad en la estrategia de gobierno, tanto a nivel nacional como internacional.

- Desvaloriza las titulaciones universitarias de ingeniería informática, perjudicando con ello extraordinariamente el futuro de nuestro país, dada la relación directa entre competitividad e informática, tanto como sector especifico productor y exportador de productos y servicios, como a nivel de contribución a la innovación y productividad del resto de sectores, como por volumen de profesionales de la informática como trabajadores y emprendedores de alta calidad.

Actualmente está en proceso de tramitación por el Gobierno el anteproyecto da Ley de Servicios y Colegios Profesionales (LSCP), que ha de actualizar los controles de todas las actividades profesionales, desde la medicina a la abogacía pasado por supuesto por la ingeniería informática. Los profesionales de la ingeniería informática hemos trasladado al Gobierno en nuestras alegaciones que es urgente resolver el agravio que desde hace décadas la ingeniería informática está sufriendo respecto al resto de ingenierías  “tradicionales”, por una improcedente dejadez normativa en relación a las actividades y servicios de naturaleza informática que progresivamente han llegado a todas las actividades personales, empresariales y sociales en una absoluta falta de controles profesionales, ni siquiera en actuaciones tan trascendentes como instalar y explotar un centro de proceso de datos, diseñar y gestionar la seguridad informática, diseñar e implementar aplicaciones y sistemas informáticos de uso masivo para ciudadanos y empresas, explotar aplicaciones informáticas que disponen de datos personales y contenidos privados de los ciudadanos sin los adecuados controles y garantías, etc. etc.

Los profesionales estamos realizando todas las acciones a nuestro alcance para persuadir al Gobierno de esta situación. Pero tener razón no supone tener éxito. Quizás la cuestión final es ¿Pueden nuestros representantes políticos en esta sociedad de la información y el conocimiento concebir la gobernanza sin regular adecuadamente el uso de la informática para garantizar nuestros derechos individuales y la estabilidad de nuestra sociedad?

Artículo publicado en el diario mercantil valenciano Levante

 

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